La Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y otras formas de Violencia inició un censo de la población reclusa en los 21 centros de detención en el país.
Actualmente han contabilizado que en las cárceles de San Marcos y de Jalapa hay al menos 70 reos que sobrepasan los 70 años y ellos ya pueden optar por la vacuna para prevenir el contagio del COVID-19, sin embargo, hasta la fecha no han sido inoculados.
Ante esta situación, el presidente de esa institución denunció ante la Procuraduría de los Derechos Humanos al Ministerio de Salud para que ese sector de la población sea vacunado y piden que prioricen la vacunación a quienes ya les corresponda.
«Hacemos una recomendación al señor Procurador para que accione con la legitimidad que él tiene a presentar lo que en ley corresponde a favor de los privados de libertad. Hemos realizado el primer censo penitenciario a nivel nacional el que corresponde a sacar datos importantísimos, correspondiente a todos los privados de libertad», señaló Otto Paz, Relator contra la Tortura.
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