En febrero de 2022 una mujer acudió a una clínica médica privada ubicada en la zona 15 para realizarse una operación de glándula suprarrenal, una hormona que ayuda a controlar los latidos del corazón, la presión arterial y otras funciones importantes del cuerpo.
El informe patológico detallaba que los médicos le extrajeron un riñón, situación por la cual la mujer interpuso su denuncia ante las autoridades ya que fue sin su consentimiento y se logró la captura de 4 médicos cirujanos de 40 y 45 años.
«Ese mismo año se realiza un primer operativo en caso de extracción de órganos donde se realizaron algunos allanamientos, sin embargo este día es donde se da cumplimiento a esas órdenes de aprehensión», indicó Edwin Monroy, vocero de la PNC.
El vocero detalló que en conjunto con el Ministerio Público se continúan las investigaciones para verificar qué es lo que harían con el órgano de dicha persona que según el informe se encontraba en óptimas condiciones.
«La orden de aprehensión es ordenada por un juez, este día que se da cumplimiento a esto y ya será a través del órgano jurisdiccional correspondiente donde ellos deberán solventar su situación legal. Se está estableciendo si tienen denuncias acá en Guatemala o en algún otro país de Centroamérica», agregó Monroy.
Las autoridades detallaron que en las investigaciones también establecerán si estas personas pertenecían a alguna estructura criminal que se dedique a cometer este delito.
Descartan red de tráfico de órganos
De acuerdo con el fiscal del Ministerio público, Alexander Colop, con las investigaciones realizadas por las autoridades se descartó que exista tráfico de órganos en el país, ya que al realizar los allanamientos se logró ubicar el riñón que se le fue retirado a la mujer denunciante.
Sin embargo, agregó que están en alerta y fortalecerán las investigaciones para detallar si existen más casos sobre la extracción de órganos de manera ilegal. El fiscal detalló que este delito está penado con prisión de 5 a 10 años y el retiro de los documentos para que los médicos no puedan ejercer sus funciones.
«Teníamos dos hipótesis, la primera que la finalidad de la extracción sea para implante en otra persona receptora, pero no tenemos el sustento. Lo que sí es que hubo una extracción de manera ilegal, el primer caso, primera denuncia documentada científicamente y no descartamos que existan más. Esto viene a alertar a los países de Centroamérica porque no habíamos tenido un tipo de casos de esta naturaleza», señaló el fiscal Colop.
