En una entrevista con Reuters el martes por la noche expresó, no obstante, su esperanza de que la visita a Guatemala la próxima semana de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, produzca estrategias compartidas para generar prosperidad en las áreas rurales propensas a la migración.

Harris, del partido demócrata, está a cargo de los esfuerzos de Washington para abordar las causas de raíz de la migración desde El Salvador, Honduras y Guatemala, que conforman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, incluido un enfoque en la corrupción y la deficiente gobernanza que, según ella, limita las oportunidades. En juego hay 4,000 millones de dólares de ayuda estadounidense a la región.

Giammattei, de 65 años, indicó que para encarar las causas de la salida de migrantes el apoyo de Estados Unidos a la corrupción debería centrarse en combatir el tráfico de drogas que había «corrompido el sistema político».

Explicó que le pediría a Harris que canalice apoyo a áreas rurales a través del Programa Mundial de Alimentos y el Gobierno. Gran parte de la ayuda estadounidense se destina actualmente a proyectos no gubernamentales.

«Cuando vemos de nuevo el mapa de la migración pues prácticamente la mayoría van de las áreas rurales», apuntó. «Una alianza entre Guatemala y Estados Unidos puede ayudar a superar esas causas estructurales a través de programas institucionales».

El presidente detalló sus esfuerzos para limpiar el Gobierno, como una comisión presidencial que creó, un proyecto de ley destinado a combatir el lavado de dinero y su reciente veto a una ley aprobada por el Congreso que permitiría a los funcionarios locales un mayor gasto discrecional.

Sin embargo, preguntado sobre figuras de alto perfil como el Fiscal Especial Contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, y sobre un juez, consideró que permitieron que sus creencias políticas marcaran su trabajo. Según el mandatario, había «suficientes casos» que demostraban que la justicia se administraba de manera selectiva.

Sus comentarios constituyen la primera vez en que el conservador Giammattei habla con los medios sobre estos temas.

«Cualquier ser humano tiene derecho a tener una ideología», afirmó. «El problema es cuando usted traslada su ideología a sus acciones y, más grave aún, cuando usted es el encargado de velar por la justicia».

El embajador de Estados Unidos en Guatemala, William Popp, manifestó la semana pasada que Washington estaba «trabajando para apoyar firmemente» a Sandoval, quien enfrenta ataques legales de un abogado que busca desmantelar su unidad. El Departamento de Estado estadounidense premió a Sandoval como «campeón anticorrupción» en febrero pasado.

En respuesta a los comentarios de Giammattei, Sandoval dijo a Reuters que «es obvio» que los jueces y fiscales tienen creencias políticas, pero aclaró que su trabajo refleja el respeto a las leyes y no a la ideología. Subrayó que su unidad también había procesado a miembros del partido de centroizquierda UNE. La mayoría de los gobiernos de Guatemala han sido conservadores.

La unidad de Sandoval se creó para apoyar el trabajo de CICIG, un organismo anticorrupción de la ONU impulsor de investigaciones que llevaron a la renuncia de un presidente en ejercicio en 2015.

FISURAS IDEOLÓGICAS

La visión de Giammattei refleja fisuras ideológicas que evocan la pasada guerra civil en el país. Algunos conservadores guatemaltecos creen que la CICIG y sus aliados en el sistema de justicia, la sociedad civil y el Congreso buscan dirigir a la nación centroamericana hacia la izquierda sin ganar las elecciones. La CICIG salió de Guatemala en 2019.

«Nunca han ganado una elección y cada vez miran (se ven) más menguados», opinó Giammattei, describiendo a los críticos como un «pacto de desestabilizadores», contrario a lo que muchos en Guatemala llaman el «pacto de corruptos» para referirse a los vínculos entre políticos y crimen organizado.

Giammattei también defendió el proceso de selección de nuevos magistrados para la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal del país, que sacó de la magistratura a otra figura de la lucha anticorrupción, Gloria Porras, lo que provocó críticas de Washington y de la sociedad civil.

En sus primeros comentarios públicos sobre la controversia, Giammattei sostuvo que la decisión de mantener a Porras fuera de la Corte era correcta porque hay amparos sobre su selección que aún no han sido resueltos.

En contraste, consideró que Nester Vásquez, un magistrado que ha sido vinculado a una investigación judicial por corrupción, fue elegido por miles de abogados en una votación legítima. «Más democrático que eso no puede haber», consideró.

El mandatario negó que hubiera una campaña de venganza o un patrón para una serie de movimientos recientes contra abogados y activistas ligados a la CICIG. Giammattei agregó que después de su encarcelamiento la gente podría pensar que él era vengativo, pero que eso no era correcto.

INVERSIÓN

El presidente guatemalteco dijo que había pedido a Estados Unidos que ayudará con el rastreo de los ingresos procedentes del tráfico de droga, a confiscar propiedades en Estados Unidos y a devolver el dinero que se obtenga a Guatemala. Explicó que Washington estaba estudiando la propuesta.

También está buscando suministros de vacunas contra el COVID-19 de la nación norteamericana y adelantó que creía que su país recibiría las inyecciones de AstraZeneca. «Sí va a haber ayuda, parece ser», pronosticó, y agregó que no sabía cuántas dosis serían ni cuándo llegarían.

A diferencia de sus vecinos Honduras y El Salvador, Guatemala no tiene interés en obtener vacunas de China, indicó, señalando la baja efectividad que en su opinión tienen. Agregó que su gobierno no buscará establecer relaciones con Beijing por lealtad a Taiwán, su aliado desde hace mucho tiempo.

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Al exponer un plan de desarrollo económico, mencionó una nueva ley que facilita la creación de zonas francas con bajos impuestos en el interior del país centroamericano, con el objetivo de atraer «call centers» y empresas de manufacturas.

Reveló que una compañía de Singapur estaba interesada en realizar una inversión de 250 millones de dólares para fabricar guantes de látex y trajes de bioseguridad, y que hay negociaciones sobre una inversión de 7,000 millones de dólares durante dos años por parte de otra firma, pero declinó ofrecer más detalles.

Con información de Reuters.