La oficina nacional de prevención contra la tortura propuso ante la comisión de los derechos humanos del Congreso, reformar el artículo 268 del código procesal penal para que las personas que guarden prisión preventiva no excedan los 2 años, ya que esta se ha venido prolongando y muchos de ellos guardan prisión por más de 5 años sin ser condenados por un juez.
