Desde el 2 de octubre, las autoridades de los 48 cantones de Totonicapán convocaron a manifestaciones que han durado 15 días, los cuales han expresado su descontento ante las acciones que ha realizado el Ministerio Público (MP) en el desarrollo del proceso electoral.

Por ello, decidieron salir a las calles a exigir la renuncia de la Fiscal General del Ministerio Público, María Consuelo Porras; el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche y el juez, Freddy Orellana.

Los manifestaciones iniciaron con 23 bloqueos a nivel nacional y al transcurrir de los días se fueron sumando más ciudadanos y organizaciones sumando más de 145 bloqueos en todo el país incluyendo vías principales en la Ciudad Capital.

Empresarios afirman pérdidas millonarias

Ante el cierre de las múltiples rutas, fue imposibilitado la movilización de los productos por lo cual se pronunciaron diferentes cámaras empresariales, así como Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), los cuales señalaron las pérdidas económicas diarias que sufría el país.

Cabe mencionar que la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional a favor del Cacif para que se liberarán los bloqueos.

El amparo fue en contra del Presidente de la República, el ministro de Gobernación, el director de la Policía Nacional Civil (PNC) y Procurador General de la Nación (PGN) para que cumplieran con la preservación del orden público y la protección de los derechos de la población.

Reunión de intermediación

Debido a la permanencia de los bloqueos a nivel nacional, el Gobierno solicitó mediante una comisión de mediación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) una reunión con las autoridades de los 48 cantones para iniciar un dialogo y así buscar una salida viable.

Esta reunión fue desarrollada el 12 de octubre, la cual fue calificada por la OEA como un «avance histórico» y afirmó que confía que la etapa subsiguiente de este diálogo para lograr acuerdos que protejan las instituciones democráticas en Guatemala y reconozcan con apertura las diversas necesidades y demandas del pueblo guatemalteco.

Asimismo, el presidente Alejandro Giammattei en cadena nacional justificó las razones por las cuales no puede remover de forma directa a la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras.

Según explicó el presidente de la República no cuenta con las facultades directas para proceder con la remoción, ya que sus funciones constitucionales como autoridad superior del Organismo Ejecutivo, deben desarrollarse en «estricto apego al principio de legalidad».

Consecuencias de la OEA

De continuar con la situación actual en Guatemala, la OEA podría aplicar la carta democrática, según remarcó un especialista traería consecuencias “desastrosas”, ya que dejaría de tener opción a préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que es parte del Sistema Interamericano y probablemente del Banco Mundial.

Además, muchos países podrían repensar sus relaciones diplomáticas y económicas con Guatemala, y empresarios pensarían dos veces en invertir en una nación que no tiene certeza jurídica.

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