El gobierno de Japón ha anunciado su decisión de verter al mar el agua residual radiactiva de la central nuclear de Fukushima, después de haberla tratado y diluido. Esta medida ha generado controversia y preocupación tanto a nivel nacional como internacional. El primer ministro Fumio Kishida dio la aprobación final en una reunión de ministros del gabinete, y se espera que la descarga comience en los próximos días, más de 12 años después de la fusión de los reactores en 2011, desencadenada por un terremoto y un tsunami.

Razones para el vertido

El operador de la planta, Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO), y el gobierno argumentan que la medida es necesaria para liberar espacio en la planta para el proceso de desmantelamiento y prevenir posibles filtraciones. Aseguran que el agua residual tratada y diluida será más segura de lo que indican los estándares internacionales y que su impacto ambiental será mínimo.

Preocupaciones y oposición

Sin embargo, grupos pesqueros en Japón temen que la reputación de los mariscos se vea afectada debido al vertido. China y Corea del Sur también han expresado preocupaciones, convirtiendo el asunto en un tema diplomático y político. Aunque el gobierno y TEPCO insisten en la seguridad de la medida, algunos científicos sostienen que el impacto a largo plazo de la radiactividad en el agua a dosis bajas debe ser considerado.

Respaldo internacional y planificación

La decisión fue respaldada por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). El vertido está programado para comenzar el 24 de agosto si las condiciones climáticas lo permiten. El agua que será vertida está compuesta por líquido contaminado durante el proceso de enfriamiento de los reactores dañados y filtraciones de agua de lluvia en las instalaciones.

Reacciones y protestas

Los pescadores locales y la comunidad pesquera en Fukushima han expresado su rechazo al plan, ya que temen que perjudique aún más la reputación de sus capturas. La organización ecologista Greenpeace también ha criticado la decisión y considera que no se han tenido en cuenta las preocupaciones de las comunidades afectadas. China y Corea del Sur han pedido detener el vertido, alegando preocupaciones sobre la seguridad alimentaria y la salud.

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