En medio de protestas en ocasiones violentas, legisladores de oposición piden destitución del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso
Un grupo de legisladores de la oposición en Ecuador está presionando para que se destituya al presidente Guillermo Lasso, después de casi dos semanas de protestas lideradas por grupos indígenas que exigen precios más bajos del combustible y los alimentos, pero otros parlamentarios dicen que no respaldarán el intento.
Las masivas protestas en Ecuador desde el 13 de junio, en ocasiones violentas, han dejado como saldo hasta el momento 6 civiles muertos y varios ataques contra la fuerza pública.
Las protestas han empeorado la ya conflictiva relación de Lasso con la Asamblea Nacional, cuyos legisladores han bloqueado sus propuestas económicas, mientras lucha por contener la creciente violencia que atribuye a bandas de narcotraficantes.
Los asambleístas del opositor movimiento UNES, leales al expresidente Rafael Correa, pidieron en sus cuentas de Twitter que se adelanten las elecciones, previstas para el 2025, y dijeron que ponían a disposición su cargo.
La Constitución de Ecuador permite a los legisladores destituir a los mandatarios y convocar elecciones si el país atraviesa una crisis política o disturbios masivos.
“El país no da más”, dijo a Reuters Fausto Jarrín, asambleísta de UNES, que presentó formalmente el pedido para que se convoque a una reunión. “El diálogo se rompió por todos los lados y con violencia”.
Legisladores de otros partidos apoyarían individualmente los esfuerzos, dijo Jarrín.
El Legislativo necesita 46 firmas de respaldo al pedido de destitución del mandatario para que se convoque a un debate.
Su destitución en sí requeriría el apoyo de 92 de los 137 legisladores de la Asamblea y el propio Lasso también puede disolver la legislatura y convocar elecciones.
El Gobierno de Ecuador criticó el pedido de UNES, insistiendo en que ha hecho concesiones y está dispuesto a discutir los temas. Los legisladores de otros tres partidos, incluido el de Lasso, rechazaron el esfuerzo y dijeron que apoyan el diálogo entre el Gobierno y los grupos indígenas.
Diálogo estancado
A pesar de algunas concesiones del Gobierno, el acercamiento entre funcionarios y manifestantes encabezados por el grupo indígena CONAIE se ha estado estancado durante varios días.
Los líderes indígenas han exigido el retiro de la fuerza pública y el fin de las medidas especiales implementadas para seis provincias antes de que las dos partes puedan discutir una lista de 10 demandas, que incluyen precios más bajos para el combustible y el cese de la expansión petrolera y minera.
Lasso ha anunciado fertilizantes subsidiados, condonación de deudas bancarias y aumentos presupuestarios para educación y el jueves retiró a los uniformados de una institución cultural, permitiendo que sea usada por los manifestantes.
Sin embargo, los enfrentamientos violentos durante la noche del jueves e incidentes aislados el viernes aumentaron la tensión, y el líder de la CONAIE, Leonidas Iza, dijo que respalda los esfuerzos del grupo de legisladores contra Lasso.
La CONAIE realizaba una reunión el viernes para sopesar la respuesta del Gobierno a sus demandas.
Lasso trató de desacreditar a Iza en un video difundido en las redes sociales, diciendo que está comprometido a abordar las preocupaciones de los indígenas en sus comunidades y alentó a los manifestantes a regresar a sus hogares.
“La intención real del señor Iza es el derrocamiento del Gobierno”, dijo Lasso. “La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas actuarán con los medios necesarios para defender, dentro del marco legal, mediante el uso progresivo de la fuerza, el orden público y la democracia”.
¡Defenderemos la paz! Hago un llamado a los manifestantes que por su seguridad y la de sus familias, vuelvan a sus hogares. La violencia perpetrada por criminales infiltrados muestra intenciones de desestabilizar la democracia. Tomaremos las medidas, dentro del marco de la ley. pic.twitter.com/jK2CqGjcvF
— Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) June 24, 2022
La fuerza pública no está enfrentando a manifestantes, según el ministro del Interior, Patricio Carrillo, sino a delincuentes que se han infiltrado en las marchas y usan armas de fuego.
Diecisiete militares resultaron heridos y tres vehículos de la fuerza fueron quemados cuando un convoy militar intentaba ayudar a conductores de camiones que transportaban alimentos y medicinas a Quito, dijeron las autoridades.
Los quiteños se quejaban de que los suministros de gas doméstico se están agotando, al igual que los productos en los mercados.
El Ministerio del Interior confirmó la muerte de cuatro personas en el contexto de las protestas y el de Salud ha dicho que dos personas murieron en ambulancias retrasadas por los bloqueos de carreteras.
Con información de Fuerza Informativa Azteca