Cerca de mil 500 fincas, terrenos, casas y propiedades privadas han sido usurpadas en el país y, según la Asociación para la Defensa de Propiedad Privada, es difícil que los invasores dejen los terrenos.

Integrantes de esta asociación denunciaron que continúan en incremento las usurpaciones en propiedades por parte de agrupaciones campesinas, situación que afecta a los propietarios de los inmuebles. Solo durante los últimos meses se han interpuesto 50 denuncias ante los órganos de justicia para que se pueda actuar y desalojar a dichas personas.

«Es una cuestión que tiene que ser resuelta estamos conscientes de la necesidad de mucha gente pero no es la manera para poder agenciarse de tierra robando e ingresando de una manera violenta» menciona uno de los representantes de la asociación.

El presidente de la asociación dijo que es difícil que los usurpadores puedan desalojar las áreas tomadas, ya que se encuentran armados y al momento de llegar la policía, no se puede hacer algo.  Ante ello cree necesario que el delito de usurpación sea catalogado como crimen organizado y que se aumenten las penas para quienes se encuentren culpables.

El 90% del desalojo que ha ocurrido en Guatemala han sido parados porque hay mujeres o niños; sin embargo, hay orden de juez.

Según el Índice Internacional de los Derechos de Propiedad,  Guatemala ocupa el lugar 102 de 129 países en el ámbito mundial, por ser una de las naciones donde se respeta la propiedad privada.