El Congreso de Guatemala aprobó la noche del martes, cuando el mundo conmemoraba el Día Internacional de la Mujer, la ‘Ley para la Protección de la Vida y la Familia’, una polémica normativa que endurece las penas de prisión por aborto, prohíbe el matrimonio igualitario, regula la educación sexual, entre otras acciones.
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«Hoy dimos un gran paso en la defensa de nuestra Nación, los felicito compañeros por su valentía», dijo la diputada Shirley Rivera, actual presidenta del Congreso.
La normativa recibió el voto a favor de 101 diputados, de los 160 que conforman el Parlamento; ocho votaron en contra y 51 no emitieron voto.
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¿Qué se aprobó?
En consonancia con lo que señala esa exposición de motivos, el artículo 1 de la norma deja claro que el objeto de la ley es proteger la vida, la familia y la institución del matrimonio entre hombre y mujer; así como la libertad de conciencia y de expresión, y el derecho de los padres para orientar a sus hijos en los ámbitos de la sexualidad.
- Aborto
El artículo 3 es sobre el «derecho a la vida», en el que, como ya se menciona en la exposición de motivos, dice que toda persona tiene derecho a la vida «desde el momento de su concepción».
En siguientes artículos se hacen reformas al Código Penal, aumentando las penas a cualquier tipo de aborto.
En este país centroamericano, donde solo se contempla el aborto espontáneo y el terapéutico, es decir, cuando la vida de la gestante corre peligro; cualquier otra causal se castigaba con entre 1 a 3 años de prisión, pero con las reformas, las condenas pueden ir desde los 5 hasta los 25 años.
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- Familia y diversidad
La ley establece en su artículo 16 que «se prohíbe expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo» y tampoco será válida cualquier «unión de hecho» para estas parejas.
En relación con la adopción, la normativa señala que ante la falta de ambos padres, un menor de edad merece un núcleo familiar, pero al procedimiento de adoptar no pueden acceder parejas del mismo sexo.
La ley también aborda el tema de la educación sexual. Se prohíbe a cualquier centro educativo «promover en la niñez y adolescencia, políticas o programas relativos a la diversidad sexual y la ideología de género o enseñar como normales las conductas sexuales distintas a la heterosexualidad o que sean incompatibles con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano». Se establece que la educación sexual es exclusiva de los padre de familia.
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En cuanto a la libertad de conciencia y expresión, la norma dice que este derecho implica no estar obligados a aceptar como normales las conductas y prácticas no heterosexuales.
Con información de RT