El Departamento de Estado de los Estados Unidos, se pronunció sobre el actuar del Ministerio Público contra funcionarios y ex funcionarios de dicha institución.

La entidad señaló su preocupación por ataques de Consuelo Porras, Fiscal General, contra el sistema de justicia de Guatemala,  a través de arrestos y detenciones por motivos políticos de servidores públicos que luchan contra la corrupción. 

«Los informes de retrasos repetidos y poco comunes en las audiencias de lectura de cargos, la retención de información a los abogados defensores, la negativa a celebrar audiencias públicas y la filtración de detalles de casos sellados a entidades en línea plantean serias preocupaciones con respecto a la imparcialidad de estos procedimientos». 

Estados Unidos hizo un llamado al gobierno guatemalteco para que respete los derechos humanos de todas las personas, así como juicios justos y seguridad de los actores del sector justicia. 

«Los esfuerzos del Fiscal General para atacar a los fiscales anticorrupción y otros fiscales siguen una tendencia preocupante de corrupción y el debilitamiento de las instituciones y los procesos democráticos en Guatemala», indicaba parte del comunicado.

Qué dijo el Ministerio Público

El departamento de Comunicación del Ministerio Público emitió un comunicado sobre dichos señalamientos que indicaba: «El Ministerio Público tiene la obligación de investigar todas las denuncias que se presentan, el no hacerlo representaría corrupción. En ese sentido, todas las investigaciones se realizan, con estricto apego al principio de legalidad, de forma objetiva, imparcial y garantizando el respeto a los derechos humanos de las partes procesales. Realizar una investigación y cumplir con la función del Ministerio Público jamás puede catalogarse criminalización pues ninguna persona es superior a la la ley y es a través de la investigación que se establece la posible responsabilidad en la comisión de un delito y es un juez de garantías quien resuelve».

«El Ministerio Público en cumplimiento a su mandato legal y constitucional debe investigar y velar por el estricto cumplimiento de la ley, siendo parte de un sistema de justicia en el cual cada institución tiene un rol específico, tal es el caso de la programación de audiencias, a la cual hace mención el pronunciamiento, situación que no depende del Ministerio Público».