La expresidenciable Sandra Torres será procesada por el delito de financiamiento electoral no registrado dentro del caso «Financiamiento UNE», esto luego de que la jueza de Mayor Riesgo «A», Claudette Domínguez, declarara sin lugar la inconstitucionalidad que fue planteada por Torres, la cual buscaba no ser procesada por dicho delito.
La investigación del Ministerio Público indica que Torres no declaró ante el Tribunal Supremo Electoral al menos 5.9 millones de quetzales, los cuales fueron utilizados en la campaña electoral de 2015.
