A decir del abogado Aquiles Faillace, el Estado de Calamidad no siguió los procesos legales establecidos en la Constitución y continúa vigente únicamente porque así lo dictaminó la Corte de Constitucionalidad en una resolución.
Según el experto, la legalidad de un decreto no se obtiene mediante la simple publicación en el diario oficial, o de lo contrario Guatemala estaría bajo el régimen de un Estado Monárquico.
Faillace agregó que los diputados tienen la obligación de cumplir con sus funciones como parlamentarios por lo que no pueden abstenerse de sesionar y conocer los decretos que sean emitidos por el Ejecutivo.
«No le pidieron a la Corte de Constitucionalidad resolver sobre la vigencia, le pidieron resolver sobre el artículo cinco del decreto, la Corte de Constitucionalidad se excedió y eso en sí ya presenta problemas legales. Efectivamente los diputados están jugando con la ley, no están cumpliendo con sus deberes y la Corte de Constitucionalidad se los está haciendo ver«, señaló el abogado.
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