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A decir de la Procuraduría de los Derechos Humanos, la pandemia agudizó las precariedades y faltas de oportunidad a las que se enfrentan los pueblos indígenas.

El defensor de dicho sector indicó que sólo el 0.09% del Presupuesto General de la Nación se destina el desarrollo de los pueblos indígenas y en las últimas tres legislaturas del Congreso, 18 iniciativas de ley que benefician a tales comunidades han permanecido archivadas.

Ante ello la PDH recomendó al Gobierno de Guatemala el cumplimiento pleno del artículo uno y dos de la Constitución Política de la República que se refiere a las obligaciones del Estado para los ciudadanos.

«Se incrementan los niveles de pobreza que sufren los pueblos indígenas, de alguna manera estas modificaciones que ahora se realizan no son más que el reflejo de esas necesidades de que el Estado en alguna manera les responda a estas demandas que han sido reclamadas durante varios gobiernos ya y también definitivamente podemos decir de que el Estado no tiene un diagnóstico real de cuáles son esas necesidades de los pueblos indígenas; pero aparte de no tener un diagnóstico no tiene la intencionalidad ni la voluntad política«, señaló Byron Paredes Tul, Defensor de los Pueblos Indígenas.

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