Desde el año 2000 están establecidas las tarifas del transporte urbano, pero estas no se cumplen por parte de los transportistas, pese a que los afectados denuncian, no hay un número significativo de sanciones.
A lo largo de los años los pilotos y dueños de buses han presentado argumentos que van desde el aumento en los precios de los combustibles, las extorsiones y que no hay subsidio por parte del Estado para que continúen prestando el servicio.
Las tarifas establecidas son 1.10 para el servicio urbano y para el servicio extraurbano de rutas cortas es de 2 quetzales hasta los 12 kilómetros y posteriormente se cobra 12 centavos hasta llegar a los 30 kilómetros.
Mientras que en el servicio extraurbano es de 17 centavos por kilómetro recorrido. Sin embargo, estos no se cumplen y los pilotos llegan a cobras hasta 5 veces más de lo autorizado.
Edgar Guerra, de la Defensoría del Usuario del Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos indicó que diariamente reciben denuncias de los afectados y las remiten a la Dirección General de Transportes ya que es el ente rector
La DIACO es otra de las dependencias que participan en los operativos de tránsito, aunque recogen las denuncias de los usuarios no le dan seguimiento debido a que esa no es su función. Al igual que la PDH solo trasaladan la queja a la DGT.
Denuncias no prosperan
Ambos entrevistados coinciden que para que la denuncia avence, las personas deben proporcionar datos de las características del bus y de las placas de circulación, además de la hora del incidente, con la finalidad que la denuncia prospere.
Según la PDH, la DGT ha emitido un aproximado de 200 denuncias por concepto de aumento injustificado al precio del pasaje.
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