Tres meses han transcurrido desde que los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad tomaron posesión en su cargo, a excepción de la representante por la USAC, Gloria Porras.

La Corte de Constitucionalidad decidió dar trámite a una acción de amparo interpuesta por Ricardo Méndez Ruiz, de la Fundación Contra el Terrorismo, en contra de la designación de Gloria Porras como magistrada de la Corte de Constitucionalidad. 

El máximo órgano pidió al Consejo Superior Universitario y a la Corte Suprema de Justicia que en un plazo de 3 días presente detalles sobre los «impedimentos» en contra de la magistrada electa para que tome posesión en su cargo. Dichos informes serán vitales para que la CC emita un fallo y determine si Porras puede o no tomar su lugar como magistrada para los próximos 5 años.

La notificación también solicita al Consejo Superior Universitario que se esclarezca si se cumplió con el artículo 155 de la Ley de Amparo en el que se establece que el voto debe ser secreto.

Porras, quien el año pasado figuraba como presidenta de la Corte de Constitucionalidad, es la única magistrada que no ha sido juramentada en el Congreso.

Congreso no recibió notificación

El pasado viernes, representantes de dicho Consejo acudieron al legislativo para entregar una confirmación oficial en la que se ratificaba que Porras era la magistrada electa para la Corte Constitucional, sin embargo no fue recibida por el parlamento.

Señalado por EE. UU.

Méndez Ruiz, quien puso la acción legal contra Gloria Porras, fue señalado de estar involucrado en actos de corrupción por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Reacciones

De acuerdo con distintos congresistas no recibir la notificación  en el congreso sobre la designación de Gloria Porras como magistrada de la CC por parte de la Universidad de San Carlos, entorpece los procesos y los atrasa. Además consideraron que el organismo Legislativo no debió nunca cerrar ya que no es una «empresa» y siempre debe de haber alguien recibiendo la documentación.

«El Congreso no se puede quedar de esa manera siempre tiene que tener a alguien sin importar las medidas sanitarias para recibir las notificaciones importantes, lamentamos desde el bloque legislativo que sea así de parte de la junta directiva del Congreso que le ponga pretextos y topes para poder recibir ese tipo de notificaciones importantes para la corte más alta del país«, indicó Manuel Rivera, diputado de VICTORIA.

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Por su parte, el diputado Orlando Blanco, del bloque UNE manifestó: «Siempre hay gente en el Congreso de la República que tiene como una de sus obligaciones, los días no hábiles o cuando hay alguna situación emergente, recibir la comunicación correspondiente. Esto es lo que sucede todos los fines de semana cuando al Congreso se le quiere comunicar, aquí hay personas de la guardia parlamentaria que recibe la documentación que le envían al Congreso, entonces lo que hay aquí es una decisión política emanada por el presidente del Congreso que dio instrucciones que no se recibiera el expediente de la Universidad de San Carlos de Guatemala».

Con información de Arlett González.