El pasado 12 de julio el presidente del Congreso, Allan Rodríguez, envió una carta a la Ministra de Salud para solicitarle que se gestionará el proceso de vacunación a los trabajadores del parlamento y periodistas que cubren la fuente. En el escrito se detalla que al menos 235 personas que laboraban en el legislativo habían sido ya contagiadas del virus y de ellas 10 perdieron la vida. En la actualidad el Congreso cuenta con 2 mil 299 empleados contratados en diferentes renglones presupuestarios.
Pero esta no fue la única institución que pidió que se vacunara a sus trabajadores. El mismo 12 de julio, a través de un comunicado, el Organismo Judicial informó que se había alcanzado un acuerdo con la cartera de salud para inmunizar a sus empleados. El argumento se basó en que la justicia es esencial para los guatemaltecos y por ello se pedía la priorización de sus trabajadores. De momento no se ha informado la fecha en la que se podría iniciar la vacunación de los empleados del Organismo Judicial.
En dicho sector se contabilizan más de 12 mil 300 trabajadores y un aproximado de 1 mil 400 jueces y magistrados. No obstante desde el inicio de la pandemia en dicho sector se registraron 3 mil 342 casos positivos de COVID-19 y 44 fallecidos.
El 14 de julio la Fiscal General, Consuelo Porras, informó que estableció coordinaciones con el Ministerio de Salud y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para que el personal fiscal, técnico y administrativo del Ministerio Público fuera incluido de manera urgente en el proceso de vacunación contra el COVID-19. La excusa se basa en que dicha entidad es la encargada de promover la persecución penal e investigar los delitos de acción pública. En este proceso se incluiría a un aproximado de 10 mil trabajadores.
Para vacunar al personal de dichas entidades se necesitaría un aproximado de 27 mil vacunas con esquema completo. A la fecha se ha vacunado con la primera dosis a un aproximado de 917 mil personas.