El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, disolvió este miércoles por decreto la Asamblea Nacional, adelantando las elecciones legislativas y presidenciales, cuando estaba en marcha un juicio político en su contra.

La decisión del mandatario, que invocó la llamada «muerte cruzada» citando la grave crisis política y conmoción interna del país andino, fue respaldada por las fuerzas militares.

«Esta es una decisión democrática, no sólo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones», dijo Lasso en una intervención televisada.

La mayoría de los legisladores había respaldado el martes pasado una resolución para seguir con el juicio político, argumentando que Lasso permitió que un cuestionado contrato se mantenga, pese a que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea no recomendó avanzar con el proceso.

Lasso niega la acusación y dice que su administración hizo cambios al contrato de transporte de crudo de la estatal Flopec, firmado años antes de que asumiera el cargo, para beneficiar al Estado, siguiendo recomendaciones de la Contraloría de Ecuador.

«A partir de hoy, sin bloqueos, el Gobierno Nacional expedirá una serie de decretos ley que cumplirán con el mandato soberanamente expresado por ustedes», agregó el mandatario.

Lasso además decretó una reforma tributaria tras su decisión, que dijo bajaría los impuestos para los ecuatorianos.

Respaldo Militar

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional «mantienen y mantendrán inalterable su posición de absoluto respeto a la Constitución y las leyes», dijo el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador, Nelson Proaño.

En la declaración, agregó que la decisión de Lasso de disolver la Asamblea estaba consagrada en la Constitución.

Policía y miembros del ejército rodearon el edificio del Legislativo y no permitían la entrada, según un testigo de Reuters.

Destituir a Lasso habría necesitado 92 votos de la Legislatura de 137 miembros.

La Constitución del país establece la llamada «muerte cruzada», que permite a un mandatario convocar elecciones tanto para su puesto como para la Asamblea Nacional bajo ciertas circunstancias, entre ellas cuando las acciones de la Legislatura bloquean el funcionamiento del Gobierno.

Lasso ahora permanecerá en el cargo, gobernando por decreto, mientras las autoridades electorales nacionales fijan la fecha de los comicios.

El tribunal electoral de Ecuador debe decidir la fecha de las nuevas elecciones dentro de los siete días posteriores a la disolución de la Asamblea Nacional.

Algunos legisladores han dicho que cualquier disolución de la Asamblea sería inconstitucional y que se negarían a cumplirla.

La organización indígena más grande de Ecuador, CONAIE, dijo en Twitter que la decisión de Lasso constituía una «dictadura» y agregó que celebraría un «consejo ampliado extraordinario» para analizar la situación.

El año pasado, la CONAIE encabezó protestas en todo el Ecuador que casi derrocan a Lasso.

Los elegidos para el poder en las elecciones anticipadas solo servirían hasta que se lleven a cabo los comicios regulares en 2025.

Los legisladores del partido del expresidente Rafael Correa, él mismo condenado por corrupción, encabezaron la acusación de juicio político y prometieron sus 47 votos a favor de la destitución.

El proceso de juicio político fue el primero contra un presidente ecuatoriano en décadas.

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