La comisión de Gobernación del Congreso analiza la posible denuncia al Pacto de San José para que en Guatemala se restablezca la pena de muerte a través de la inyección letal.
Es de recordar que desde 2017, la Corte de Constitucionalidad, dejó sin efecto la aplicación de la pena de muerte para quienes sean sentenciados por los delitos de parricidio, ejecución extrajudicial, plagio o secuestro, desaparición forzada y por la muerte del presidente o vicepresidente de la República.
El diputado Sergio Arana, presidente de Comisión de Gobernación indicó: «Eso es lo que estamos viendo en este momento para no cometer ningún error y que ya podamos contar con esa pena que los guatemaltecos necesitan y nos están exigiendo que las podamos tener en nuestro código penal. Varias organizaciones internacionales podrán venir y van a tachar de alguna forma pero ellos deben entender que nosotros debemos legislar para los guatemaltecos«.
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La última ejecución con inyección letal en Guatemala se realizó en el año 2000. Los reos Luis Amílcar Cetino Pérez y Tomás Cerrate Hernández fueron sentenciados a la pena de muerte por medio de la inyección letal por el asesinato de la señora Isabel Bonifasi de Botrán.
