El expresidente de la República Otto Pérez Molina salió favorecido luego que los Magistrados de la Sala de Mayor Riesgo resolvieran desvincular al exmandatario en el caso «Red de Poder, Corrupción y Lavado» es decir que no será procesado penalmente en esa investigación.
Según una investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público y la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala CICIG varios exfuncionarios, constructores y abogados, conformaron una red criminal con el fin de beneficiarse por medio de comisiones ilícitas y la compra de sociedades off shore en Panamá, lo que permitía el manejo de dinero producto de las coimas acordadas.
PRESENTACIÓN DEL CASO: RED DE PODER, CORRUPCIÓN Y LAVADO DE DINERO
El caso se sustenta en diversos informes realizados por la CICIG, allanamientos, más de 15 declaraciones testimoniales, información bancaria y múltiple evidencias provenientes de otros casos adelantados por ésta y el Ministerio Público, entre ellos Construcción y Corrupción, Cooptación del Estado y Negociantes de la Salud.
Con base en denuncias e información pública, el Ministerio Público-FECI y la CICIG profundizaron el análisis sobre el ingreso de dineros ilícitos en las campañas políticas y los beneficios generados para diversas personas.
En este caso, se pudo identificar una red vinculada al ejercicio del poder en distintos períodos y gobiernos que se aprovechó de sus cargos para solicitar y obtener sobornos de contratistas, al mismo tiempo que utilizó a bufetes de abogados y constructores para encubrir el origen y lavar dichos recursos a través de sociedades off shore con sede en Panamá y Belice y la compra de bienes inmuebles.
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La investigación evidenció que uno de los principales operadores de la financiación de las campañas había sido Gustavo Adolfo Alejos Cámbara; en virtud de lo anterior, se analizó la red construida y utilizada por éste, su composición y modus operandi.
HECHOS
La nueva línea de investigación dio como resultado el hallazgo de una red de personas con alto poder político coordinadas para obtener una serie de beneficios producto del cobro millonario de comisiones ilícitas. Este tipo de red, estaba conformada por un presidente recién electo (Otto Fernando Pérez Molina) y dos secretarios privados del gobierno saliente y entrante (Gustavo Adolfo Alejos Cámbara y Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López), así como por empresarios y abogados de alto perfil.
Todo eso hizo parte de una organización criminal cuyo objetivo era apoderarse del Estado y sus distintas instituciones con el fin de obtener y controlar el poder, extraer recursos a través de los particulares que mantenían contratos o vínculos con el Estado y enriquecerse ilícitamente, asegurando su impunidad y la de los demás partícipes. Los grandes contratistas del Estado, particularmente en el ramo de la construcción, concertaron con funcionarios del gobierno el pago de coimas para acceder a cuantiosos contratos u obtener el pago de deudas.
