El gobierno de Guatemala informó que presentó al Congreso de la República una iniciativa de ley para crear mecanismos de compensación en caso de efectos adversos secundarios por la vacuna contra COVID-19.
La ausencia de esta regulación ponía trabas en las negociaciones e incluso la recepción de donaciones de vacunas ya que los fabricantes imponen una serie de requisitos para concretar la adquisición de los biológicos.
Entre estas condiciones, se puede mencionar que los fabricantes se les exima de responsabilidad civil por reacciones adversas tras las aplicación de la vacuna. También solicitan que se designe una autoridad o dependencia pública encargada de analizar, investigar y dictaminar las reacciones y establecer un régimen de compensación. En este caso el ente encargado sería el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
En base a la iniciativa se crearía dentro de la estructura del Ministerio de Salud, un Comité de Evaluación de Reacciones Adversas Serias a las Vacunas. El cual tendría a su cargo realizar la investigación respectiva y emitir el dictamen correspondiente, si aplica o no una compensación.
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Según informan las autoridades sanitarias, a la fecha no han reportado evidencias de efectos secundarios graves o fuera de lo normal a personas que han recibido la vacuna contra el COVID-19 en el país.
Reacción tardía
De acuerdo con Zulma Calderón, defensora de la Salud de la Procuraduría de Derechos Humanos, la reacción del gobierno es tardía y debieron anticiparse y aprender las lecciones de otros países.
Según la defensora de la Salud, Zulma Calderón, la iniciativa presentada por el Gobierno para adquirir vacunas es tardía y debieron de haberla realizado con antelación para garantizar la inmunización de los ciudadanos.
— Azteca Noticias GT (@AztecaNoticiaGT) June 24, 2021
Vía: @ArlettG_ pic.twitter.com/1hBW2KqnBL
Calderón señaló que la pandemia sigue golpeando a los guatemaltecos y que se les niega el acceso universal a las vacunas.